Patricia Linares, presidenta de esta jurisdicción, le recordó que es deber de las autoridades perseguir y aprehender a quienes se hayan acogido a esta justicia y sigan delinquiendo después del acuerdo de paz.

“Solicitamos a la JEP, mediante comunicación escrita, la expulsión de alias ‘Mayimbú’ para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”. Estas declaraciones vía Twitter del ministro de Defensa, Guillermo Botero, crearon una nueva tensión entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, que esta mañana desmintió lo dicho por el funcionario.

Mediante un comunicado, Patricia Linares, presidenta de esta jurisdicción, le recordó al ministro que la competencia de la JEP “es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1° de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno”. En ese sentido, Linares dejó claro que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo” después de esa fecha. Y le recordó que ese es su deber y su obligación.

Linares reiteró que la investigación y la persecución de cualquier crimen cometido después de esa fecha es competencia de la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública “independientemente de que hayan concluido o no los procesos para la exclusión de esas personas de la JEP”.

Después del comunicado, en entrevista con Blu Radio, el ministro Botero aseguró que él no había dicho que no se pudiera capturar. Su llamado de atención es sobre la necesidad de que “lo expulsen de la JEP para juntar todos los procesos”, es decir, los cometidos antes y después del acuerdo de paz. Botero insistió que se trata de “economía procesal“.

El ministro dijo que en estos momentos están tras los pasos de Mayimbú y que sólo hasta ayer vio las órdenes de capturas por los hechos recientes del asesinato de Karina García Sierra, candidata de la Alcaldía de Suárez, y sus cinco acompañantes. Con eso, dándole la razón a la JEP, aceptó que podía capturarlo con estas órdenes o por cometer el delito en flagrancia e incluso ofrecer la recompensa que se anunció la semana pasada.